El Proyecto de Regulación de las Big Tech (Redes Sociales)

El Marco Civil de Internet (MCI), Ley 12.965/2014, introdujo una serie de disposiciones legales sobre cuestiones que, hasta su entrada en vigor, no tenían una interpretación clara y que estaban relacionadas exclusivamente con las llamadas aplicaciones de internet, entre ellas los derechos de los usuarios y los fundamentos del uso de internet en Brasil.

No se trata de una ley exclusivamente programática o didáctica que solo define conceptos, sino también de una norma regulatoria. El MCI buscó regular aspectos importantes del entorno en línea. Los dos puntos principales que reguló están relacionados con las aplicaciones de internet y son la remoción de contenidos y la responsabilidad de las plataformas por contenidos generados por terceros.

En términos generales, respecto a la remoción de contenidos, el MCI adoptó el sistema de orden judicial: para que un contenido sea retirado de una plataforma de internet debe existir una orden judicial específica, y no puede realizarse la remoción de forma automática por decisión unilateral de la empresa que opera la aplicación. Este modelo se contrapone al sistema conocido como notice and takedown, en el que la plataforma debe eliminar el contenido tras la notificación del afectado. En el MCI, esta modalidad solo se aplica en un caso: la pornografía de venganza (revenge porn) o la divulgación de imágenes que contengan desnudos o escenas sexuales sin autorización de la persona expuesta.

La otra regulación, relacionada con la responsabilidad de las plataformas por contenidos generados por terceros, establece que, en principio, la plataforma no es responsable por dichos contenidos, salvo que, tras una orden judicial que exija la remoción, no cumpla con la orden dentro de un plazo razonable y con los medios técnicos disponibles. También puede ser responsable la plataforma cuando, tras una notificación extrajudicial, no elimine contenido que exponga desnudos o actos sexuales sin consentimiento, siempre que sea técnicamente posible y dentro de un plazo razonable.

El proyecto de ley propuesto por el ministro de Justicia, Flávio Dino, y que ha generado polémica —conocido como proyecto de regulación de redes sociales— se relaciona con estas dos disposiciones del MCI. Con el objetivo de combatir “delitos contra la democracia”, el proyecto propone modificar dichas reglas.

¿Qué implica esto? Permitiría la remoción de contenidos en plataformas de internet sin necesidad de orden judicial, siempre que el contenido esté vinculado a supuestos delitos contra el Estado democrático de derecho, como la incitación a actos contra las instituciones democráticas, la apología del terrorismo o el estímulo a la animosidad entre poderes del Estado. En estos casos, la plataforma podría retirar el contenido de forma inmediata sin necesidad de orden judicial.

Las consecuencias del incumplimiento de la orden de remoción serían la responsabilidad de la plataforma por contenidos de terceros, lo que contrasta con la regla original del MCI. En términos generales, el proyecto amplía la capacidad del Estado para regular internet y las plataformas digitales. Esta medida se observa con cautela, ya que podría dar lugar a abusos regulatorios ante la ausencia de criterios objetivos para definir qué constituye contenido golpista o terrorista. Si no se implementa adecuadamente, podría derivar en restricciones a la libertad de expresión, un derecho fundamental.

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André Faustino - DPO IBREI